Opinión

En la buena dirección

Aniversario de la Convención

Por José Manuel González Huesa, director de “cermi.es semanal” y director general de Servimedia

01/06/2013

Cinco años dan para mucho, sobre todo para hacer balance. Y más cuando coincide con la mayor crisis económica de las últimas décadas. Justo cuando se consigue el mayor logro social y normativo, el de mayor alcance, se inicia la pendiente y una resistencia a su implantación. Es como escalar el Everest, el techo del mundo, y a continuación, sin descanso, caer por un desnivel sin freno.

Periodo 2008-2013. Este es el tiempo de vigencia de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. El presidente del CERMI, Luis Cayo Pérez Bueno, lo tiene claro: las organizaciones de la discapacidad tienen que “hacer una revolución interna para ser los verdaderos promotores de los contenidos de la Convención de la ONU, como principales interesados para que ésta sea una realidad normativa, social y del movimiento asociativo, y sea, por tanto, real y efectiva”.

Pérez Bueno considera la Convención de la ONU como “el gran hecho social, político y normativo, con más alcance en materia de discapacidad”, con avances y con resistencias a lo largo de los cinco años desde su implantación.

Esta Convención inició un camino ambicioso para el Gobierno español y para la propia sociedad con la idea de generar una sensibilización orientada de la mano del movimiento asociativo. El problema surge con el contexto de crisis actual que afecta a la vulnerabilidad de las personas con discapacidad, una crisis que se usa como coartada para los recortes sociales y el incumplimiento de la normativa. Lo económico trasciende y afecta a unos derechos humanos que se adaptan a un nuevo modelo de sociedad. Una Convención que afecta al resto de las nuevas leyes y sobre todo, a la mentalidad, a la toma de conciencia que huye del mero asistencialismo.

Y prueba de estos avances son los casos de países tan diferentes como Japón que avanza en la legislación sobre no discriminación; Kenia, con cambios en la propia Constitución; Australia, con una mayor atención a las personas con discapacidad en la cooperación internacional; o Serbia y Bulgaria, donde hay nuevas leyes relativas a la asistencia personal.

El impacto de la Convención en la propia ONU también conlleva la creación de un fondo específico para promover una mayor transversalidad; y en la Unión Europea, se mantienen los Fondos Estructurales.

En el capítulo de inclusión, la Convención establece la adaptación de las sociedades a todas las personas, lo cual significa que estas deben cambiar para permitir la verdadera participación. La inclusión exige una transformación para que sean acogedoras y accesibles para todos.

Todavía falta una mayor educación inclusiva e integración laboral; brindar más apoyos a las personas con discapacidad y a sus familias; organizar campañas públicas para reducir la estigmatización, los prejuicios y cambiar actitudes. Todo con el fin de construir sociedades inclusivas. Por último, hace falta una mayor profesionalización de los entornos, con ayudas a la accesibilidad, la preparación para la vida en igualdad de las niñas y los niños con discapacidad, además de centros residenciales.

Falta un cambio para que todos seamos conscientes de fomentar la vida y la participación en la comunidad, hablar de derechos más que de asignación de recursos. “Sólo” han pasado cinco años.